Cuatro años después de la creación del ingreso mínimo vital (IMV), esta prestación que reciben 730.000 hogares en España sigue presentando problemas de funcionamiento que perjudican a las familias más desfavorecidas. vulnerables, el último de ellos el reclamo de pagos de la Seguridad Social que estas familias no pueden afrontar.
Para denunciarlo, Una treintena de colectivos y entidades de intervención social y vecinal se manifestaron este sábado en Madridcomo viene haciendo desde hace tres años, coincidiendo en esta ocasión con la Fallo de un juzgado de Córdoba que ha fallado a favor de que una madre no tenga que devolver los 13.000 euros que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le exigía por cobro indebido.
Esta sentencia se basa en la doctrina de Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que establece que los errores administrativos no deben corregirse a costa del beneficiario, especialmente si éste actúa de buena fe y se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
El portavoz de la plataforma que agrupa a estas entidades, Roberto Laborda, explicó a la agencia Efe que, dado que el INSS tarda más de un año en actualizar las prestaciones, «genera deudas que luego pide a las familias» y que no pueden devolver porque es el dinero que utilizan para su «supervivencia».
Laborda ha señalado que el propio INSS reconoce que este problema radica en que «la herramienta informática no está actualizada» y ha sostenido que «en cuatro años y medio bien podrían haber solucionado esos problemas informáticos».
El portavoz de la plataforma Hontanares Avanza ha asegurado que Una de cada cuatro familias beneficiarias está recibiendo solicitudes de reembolso por errores en el procedimiento. y ha recordado que El Defensor del Pueblo ha fallado a favor de que la administración no exija la devolución de cantidades cuyo importe sea demasiado elevado para los ingresos de la familia vulnerable.
