SEVILLA, España – La ruta migratoria atlántica que conecta las naciones de África occidental con las Islas Canarias españolas estableció un nuevo récord en 2024, con al menos 46.843 llegadas al archipiélago español, según cifras anuales publicado por el Ministerio del Interior de España. La cifra superó el récord anterior del año pasado y representa un aumento del 17%.
La cifra, publicada el jueves en un informe del Ministerio del Interior de España, se produce a pesar de la continua esfuerzos por el gobierno español y la Unión Europea para abordar la crisis migratoria. España y la UE han tratado de proporcionar ayuda a los países de origen para ayudar a estimular el desarrollo y controlar la salida de inmigrantes.
Los inmigrantes suelen recorrer más de 1.000 millas por mar para llegar a las Islas Canarias. Senegal y Mauritania son dos de los puntos de partida más comunes para los migrantes, que provienen de varios países del continente africano para escapar de conflictos armados, pobreza o falta de oportunidades. En 2024, un pequeño número de inmigrantes de países del sudeste asiático también llegaron al archipiélago español, lo que generó preocupación de que la ruta mortal, lejos de disuadirlos, pudiera estar atrayendo a inmigrantes de otros continentes.
La ruta migratoria del Atlántico es una de las más mortíferas del mundo. La organización humanitaria española Caminando Fronteras evaluó sobre una base informe reciente que más de 10.000 inmigrantes murieron el año pasado intentando llegar a las Islas Canarias por mar.
El aumento del año pasado en el número de inmigrantes que llegaron a Canarias se puso de relieve con la llegada de casi 2.000 inmigrantes en los últimos días de 2024. La noticia de 69 inmigrantes muriendo tras el hundimiento de una embarcación el 19 de diciembre, según las autoridades malienses, fue un recordatorio del peligro que representa esta ruta migratoria.
El número de llegadas de inmigrantes a Canarias ha aumentado abrumaron al gobierno localy ha provocado un debate nacional sobre el manejo de los más de 5,500 menores que actualmente se encuentran recluidos en instalaciones gubernamentales. Negociaciones para la reubicación de estos menores en la península han estado en cursopero los partidos nacionales están estancados por la aprobación de una nueva legislación que determinará cómo se distribuirán los menores en las otras 16 regiones autónomas de España.