Un viaje a Disneylandia, cortinas de los grandes almacenes españoles El Corte Inglés y el sueldo de ama de llaves. Son algunos de los gastos que muchas grandes fortunas facturan a través de sus empresas, sin olvidar las mansiones, yates, jets privados y coches exclusivos. En España, los ricos utilizan una amplia gama de estrategias (algunas más sofisticadas que otras) para minimizar su carga fiscal o eludirla por completo. Si bien algunas de estas prácticas no son exactamente ilegales, pueden implicar técnicas agresivas de planificación fiscal que permiten a los súper ricos ocultar activos, disfrazar ingresos y aprovechar las lagunas legales. Consciente de estas tácticas, la Agencia Tributaria en España ha puesto en marcha una serie de mecanismos para combatirlas. En 2023, casi 1.000 auditorías llevaron a la recuperación de 502 millones de euros (520 millones de dólares), a razón de medio millón por contribuyente.
Todo empezó en 2018, cuando la Agencia Tributaria puso en marcha la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, un grupo dedicado al seguimiento de los de mayor tramo impositivo con el objetivo de coordinar las inspecciones. Desde entonces, se han cerrado 5.410 casos, lo que ha permitido recuperar 2.980 millones de euros (3.110 millones de dólares) de evasión fiscal.
Como explica José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el organismo monitorea a un grupo de más de 170.000 contribuyentes que incluye a las principales empresas del país y sus socios, además de artistas, figuras del deporte y otras personalidades de alto perfil. “Es un censo vivo que está en constante cambio”, apunta Peláez. “Por ejemplo, hace años no había youtubers y ahora sí los hay”. Es una especie de colectivo de alto riesgo. Es decir, no todos los que forman parte están evadiendo impuestos, pero tienen potencial para hacerlo. Lo que está claro, añade, es que es muy difícil que alguien salga del censo una vez esté empadronado, salvo que se trate de una empresa que haya quebrado.
Según José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de inspectores del Ministerio de Hacienda, la unidad central de coordinación se llama así porque se dedica a analizar los «elementos distorsionadores» que hacen saltar las alarmas. Una vez que entiende que algo no cuadra, el grupo dirige la información recabada al departamento de la Agencia Tributaria correspondiente al domicilio fiscal en el que reside la gran fortuna en cuestión y se procede a una inspección.
Una de las prácticas de evasión fiscal más comunes es el uso de empresas para fines privados. Estas estructuras corporativas permiten a los ricos cargar gastos personales como vacaciones, el mantenimiento de villas de lujo, vehículos caros desde yates hasta aviones, como si estuvieran relacionados con la empresa. El objetivo es que las empresas deduzcan estos gastos como si fueran parte de su actividad económica, lo que reduce artificialmente sus beneficios imponibles. A ello se suma la deducción del IVA, que permite evitar tanto el pago de impuestos sobre estos bienes y servicios como la tributación personal de los mismos. El problema de esta estrategia es que una corporación no puede llevar un Rolex, navegar en un yate o esquiar, como observa Peláez. “Aquí es donde entra en juego nuestro trabajo para desmantelar todo”, afirma.
Peláez enumera una serie de ejemplos en los que un individuo rico ha intentado hacer pasar sus gastos privados como los de la empresa. Van desde cenas en restaurantes hasta relojes de lujo, pasando por el sueldo del jardinero, el sueldo del ama de llaves, los recibos de El Corte Inglés y los viajes familiares. Estos últimos casos, dice el inspector, corresponden a los más tacaños de los ricos. Lo que está muy extendido, añade, es el uso de bienes de la empresa por parte del socio sin contrato de arrendamiento formal ni cesión de uso. En este caso, utilizan bienes de la empresa, como mansiones, segundas residencias o vehículos, sin pagar por ellos, lo que les permite disfrutar de estos bienes sin tributar por su uso personal.
Mollinedo dice que la dependencia ha identificado a los usuarios de propiedades de alta gama ubicadas en España, pero cuya titularidad formal corresponde a sociedades extranjeras cuyos propietarios reales se desconocen. Lo mismo se ha hecho con otras 2.500 empresas opacas, en este caso con sede en España, que poseen más de 2.800 villas de lujo, principalmente en la Costa del Sol y Baleares. Estas estructuras y empresas fantasma, diseñadas para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios, a menudo constan de múltiples capas de diferentes países y fideicomisos, lo que hace extremadamente complicado rastrear el flujo de dinero o activos.
Tiendas de lujo
Para asegurarse de que no se les escape nada, los funcionarios de la agencia utilizan diferentes fuentes de información. La amnistía fiscal de 2012 y el antiguo modelo 720, que obligaba legalmente a los ciudadanos a declarar activos en el extranjero por un valor superior a 50.000 euros (52.000 dólares), llevaron a varios contribuyentes de altos ingresos a estar en el punto de mira. Ahora, Hacienda también utiliza el modelo 347, que debe presentar cualquier entidad que venda un bien o servicio por más de 3.000 euros (3.130 dólares), reflejando los datos del comprador en el caso de que se trate de una persona jurídica. “También existen solicitudes individualizadas a bancos y notarios por si algún contribuyente está bajo sospecha”, añade Peláez.
Mollinedo cuenta que la agencia también lanzó hace cuatro años el catálogo de proveedores de bienes y servicios de lujo. Se trata de un listado de 570 empresas del sector con el que trabaja la unidad. Hay joyerías, peleterías, galerías de arte, boutiques, marcas de automóviles de lujo, clubes sociales, restaurantes, administradores de inversiones patrimoniales y compañías de viajes premium que permiten centrarse más en los contribuyentes de altos ingresos que escapan al control directo al reducir sus declaraciones de impuestos a través de el uso de empresas intermediarias y otros instrumentos.
La planificación fiscal internacional es otra táctica clave. Muchas grandes fortunas colocan sus activos en paraísos fiscales o jurisdicciones con bajos impuestos, como Luxemburgo, Suiza y las Islas Caimán, utilizando estructuras complejas para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de los activos. Estas estructuras, conocidas por su falta de transparencia, dificultan mucho a los inspectores rastrear el control efectivo de los activos. En algunos casos se aprovechan convenios de doble imposición firmados con otros países. En otros, se rastrean las operaciones realizadas en el extranjero para identificar a los titulares. Según Peláez, la agencia ha desarrollado técnicas de big data para desmantelar la falsa residencia de contribuyentes con rentas elevadas que dicen vivir en Andorra, Mónaco o San Marino, pero que gastan más de 183 días al año en Españadespués de lo cual se le considera residente.
Con todas estas técnicas de evasión fiscal se consigue reducir las bases imponibles y cuotas del IRPF y hacer lo propio con el impuesto sobre el patrimonio, ya que los bienes a nombre de la empresa están exentos. Lo mismo se puede hacer con el Impuesto sobre Sociedades a través de todos los gastos que se considerarían deducibles. De esta manera también se puede planificar la minimización del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
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