El Gobierno todavía no tiene apoyos suficientes para conseguir que el próximo miércoles 22 de enero se valide en el Congreso un nuevo impuesto temporal a las empresas energéticas para 2025, ya que PP, Vox, PNV y Junts rechazan la medida.
Fue en el último Consejo de Ministros del año cuando el Gobierno aprobó este nuevo impuesto para el año 2025, tal y como prometieron ERC, Bildu y BNG. Y, aunque la tasa ya se aplicó el año pasado, fue derogado con la entrada en vigor de la reforma tributariaque incluía una provisión para instancias del PP a tal efecto. Esta cláusula logró prosperar en las Cortes gracias al apoyo de PP, Vox, PNV y Junts.
El nuevo impuesto incluye Bonificaciones para empresas que inviertan en actividades «esenciales» para la transición ecológica y la descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que las haciendas provinciales puedan gestionar.
La idea del Gobierno con este compromiso es convencer al PNV para que vote a favorr, pero el portavoz de la formación en el Congreso, Aitor Esteban ya dijo que por parte de su partido «el voto es no» al considerar que la tasa «rompe el principio de relaciones con las comunidades autónomas, tanto con la Comunidad Autónoma Vasca como con Navarra», ya que al ser un impuesto no les está permitido gestionarlo y recaudarlo.
Asimismo, la formación nacionalista ha recordado que el compromiso de transformar el gravamen en impuesto ya estaba incluido en la norma que aprobó la tasa para 2024 y eso aún no ha sucedido.
«Dejar de vender mercancía de segunda mano y dañada como un logro. El Decreto-Ley de 2023 incluía un acuerdo con el PNV para convertirlo en impuesto y ordenar el impuesto sobre la energía. No se hizo»Así lo afirmó recientemente la formación en un mensaje publicado en la red social X del que se hizo eco Europa Press.
Por otra parte, el decreto incluye una cláusula para otorgar una bonificación máxima del 60% sobre el monto del impuesto para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas eso si, El Ministerio de Transición Ecológica tendrá que evaluar.
Estas inversiones pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable hasta la transformación de residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.
Además, tendrá que formar parte de un plan estratégico de inversiones para la transición ecológica y, para aplicar el crédito fiscal, Las empresas energéticas obligadas al pago de este impuesto tendrán que solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe motivado sobre si las inversiones incluidas en el plan cumplen la consideración de inversiones estratégicas. magia.
El departamento que dirige Sara Aagesen deberá notificar, dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la solicitud, el correspondiente informe motivado, que será vinculante para la Administración Tributaria. Transcurrido el plazo de tres meses sin notificación alguna, Se entenderá que el silencio es negativo.
Y precisamente que sea el Govern el que decida qué inversiones son estratégicas o no es algo que Junts rechaza.. los de Carlos Puigdemont También han rechazado el impuesto porque podría poner en riesgo grandes inversiones en Cataluña, como 1.100 millones que Iberdrola prevé invertir en Tarragona para un proyecto petroquímico.
Sumado al rechazo del PNV y Junts, Queda por ver qué votar� Podemosque ha rechazado repetidamente la fórmula impositiva porque quiere un impuesto y ha exigido un proyecto de ley que aún no se ha puesto sobre la mesa.
