Un JUEZ ha desestimado una oferta de indemnización de 2,2 millones de euros de familias de 15 personas que fallecieron por Covid-19 en 2020 en una residencia de la provincia de Alicante.

Los familiares habían afirmado que la empresa Quavitae Servicios Asistenciales que gestiona la residencia de ancianos Domus VI en Alcoy había actuado con negligencia.

74 de los 138 residentes murieron a causa del coronavirus durante un período de dos meses en 2020.

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PARTE DEL COMPLEJO DOMUS VI, ALCOY

Un juez de Alcoy publicó el jueves una sentencia de 257 páginas tras el juicio del pasado otoño, pero la sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Alicante.

El juez concluyó que los demandantes no podían probar que la empresa fuera negligente con el contagio del coronavirus dentro del hogar o con el nivel de atención brindada a los residentes.

El fallo dice que los casos de Covid no podrían haberse evitado «incluso si se hubieran obtenido más máscaras y batas protectoras», debido al número de trabajadores y residentes, así como de familiares que fueron de visita.

Añadió que los días 8 y 9 de marzo de 2020 la Domus VI intentó ‘restringir al máximo las visitas de todos los miembros de la familia’ y realizó cambios de habitaciones para aislar a los residentes.

Eso fue antes de que las restricciones a nivel nacional entraran en vigor a finales de ese mes.

La sentencia señala que una residencia de ancianos no es un hospital y que no se puede imputar a Quavitae Servicios un cargo de negligencia médica al no ser el personal profesional sanitario.

El juez prosiguió: “La pandemia que vivimos desde marzo de 2020 en España no entra en ningún tipo de margen de normalidad y superó los límites de cualquier actividad sociosanitaria”.

Señaló que la pandemia también provocó una escasez de trabajadores sanitarios y sociales, así como de material de protección, lo que era un problema «internacional» y por tanto no era culpa de la empresa.

El tribunal observó que el juicio debía llevarse a cabo sobre la base de lo que se sabía sobre el Covid-19 en 2020 y no en retrospectiva.

“Si nuestro gobierno no pudo prever o prevenir la pandemia, entonces claramente no se debería hacer una exigencia mayor a un particular”, continúa el fallo.


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