Un juez del Tribunal SUPREMO dice que algunos ocupantes ilegales en España deberían ser acusados de fraude para ayudar a los propietarios a desalojarlos rápidamente.
Vicente Magro cree que las personas que dejan de pagar el alquiler deberían ser procesadas penalmente por fraude, en lugar de pasar por un largo proceso judicial civil.
La okupación ha aumentado en los últimos años y el gobierno publicó formalmente el viernes pasado su ley que acelerará el proceso legal para desalojar a las personas que han invadido la propiedad.
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Está previsto que entre en vigor el 3 de abril y permite que los juicios se lleven a cabo dentro de los 15 días posteriores a su presentación ante el tribunal.
Sin embargo, el cambio de ley se aplica a los ocupantes ilegales que, en primer lugar, nunca tuvieron derecho a estar en una propiedad.
Un gran problema son las personas que alquilaron legalmente bajo un contrato pero luego dejaron de pagar, a menudo en cuestión de semanas.
Son mucho más difíciles de eliminar, pero el juez de la Corte Suprema, Vicente Magro, ha abordado esa cuestión en su libro sobre cómo lidiar con los okupas.
“Si alguien paga alquiler el primer mes y luego deja de pagar, es una estafa desde mi punto de vista”, dijo Magro.
El juez cree que seguir la ruta del proceso penal de perseguir a los morosos por fraude es mucho mejor que un caso civil largo y potencialmente costoso.
“Cuando alguien hace un contrato de alquiler con la intención premeditada de no pagar, estamos ante un claro caso de fraude”, afirmó.
“Por lo tanto esta estafa debe tramitarse penalmente y no mediante un proceso civil”, añadió Magro.
Dice que presentar una denuncia penal permitiría a las víctimas pedir a un juez que expulse inmediatamente a los inquilinos que no pagan, hasta que el caso finalmente se resuelva.
La clave para ganar un caso -cree el juez- es que el propietario demuestre que el pago inicial se realizó para constituir expresamente un fraude.
Vicente Magro dijo: “Si el arrendador puede demostrar que el inquilino tuvo la intención de no pagar desde el principio, el caso puede ser considerado una estafa y perseguido penalmente, lo que hace mucho más fácil de resolver rápidamente”.
