Las asociaciones de agencias inmobiliarias de la Costa Blanca han criticado una propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la introducción de un impuesto de timbre del 100% sobre las compras de propiedades realizadas por ciudadanos de fuera de la UE.
La provincia de Alicante representa más del 20% de las compras internacionales de propiedades en España y se teme que las empresas caigan de rodillas.
Las asociaciones afirman que miles de ventas de propiedades están amenazadas y la propuesta ya ha provocado una gran incertidumbre entre los compradores de países como el Reino Unido.
LEER MÁS:
La medida también amenaza a clientes potenciales de países como Noruega y Ucrania.
La Asociación Provincial de Promotores de Alicante (Provia), el Colegio de Agentes Inmobiliarios y la asociación de agencias inmobiliarias Asicval calificaron el nuevo plan fiscal de «un absoluto despropósito».
Miguel Galindo de Asicval en Alicante dijo que los compradores ansiosos que han reservado propiedades sobre plano ya están «inundando a los agentes» con preguntas sobre el impacto potencial en su bolsillo y si pueden echarse atrás en las compras.
La falta de claridad por parte del gobierno también ha dejado a las agencias inmobiliarias incapaces de dar respuestas definitivas.
El gobierno todavía tiene que añadir algo de carne al hueso y si el impuesto del 100% afectará por igual a todos los compradores no pertenecientes a la UE, como un inversor de Dubai o un ciudadano británico que busca una casa de retiro o de vacaciones.
No se han mencionado plazos para el inicio del impuesto ni si algunos países, especialmente en Europa, podrían quedar exentos.
Las posibles consecuencias de un impuesto se pueden ver claramente en la provincia de Alicante, donde, según las últimas cifras que se remontan a 2023, 30.072 compradores extranjeros compraron propiedades, el 20,43% de todas las transacciones extranjeras en España, generando más de 5.600 millones de euros en ingresos.
En términos de países no pertenecientes a la UE, los compradores del Reino Unido encabezaron sus compras con 3.942, seguidos de los ucranianos (1.400), los rusos (1.291), los marroquíes (851), los noruegos (762), los argelinos (702), los suizos (317) y los chinos. (236).
Esos grupos representaron más de un tercio de las transacciones exteriores en la provincia de Alicante y, aunque las cifras no distinguen entre residentes y no residentes de la UE, el sector inmobiliario estima que miles de transacciones podrían verse afectadas cada año, quizás más de 5.500 viviendas.
Jesualdo Ros, secretario general de Provia, expresó su profunda preocupación por las posibles consecuencias.
Dijo que años de esfuerzos, como atraer inversores estadounidenses a la Costa Blanca, podrían desecharse.
Ros también enfatizó que las viviendas a las que se dirigen los compradores de fuera de la UE (a menudo propiedades frente a la playa) no se superponen con los tipos de vivienda buscados por parejas jóvenes o familias locales.
Cuestionó la lógica detrás de una política que no aborda los problemas de asequibilidad de la vivienda en España pero que corre el riesgo de alienar a un segmento crucial del mercado.
Marife Esteso, presidenta del Colegio API de Alicante, se hizo eco de estas preocupaciones, destacando la importancia económica del turismo residencial.
Señaló que los compradores extranjeros no sólo invierten en propiedades sino que también inyectan dinero en negocios y servicios locales durante su estancia.
Esteso descartó la propuesta de Sánchez por considerarla ineficaz y sugirió que el gobierno se centre en aumentar la disponibilidad de tierras y proporcionar garantías legales a los propietarios de propiedades en alquiler para abordar la escasez de viviendas.
Miguel Galindo, de Asicval, afirma que los potenciales clientes británicos, alarmados por el anuncio de Sánchez, buscan garantías.
Afirmó que incluso la sugerencia de un impuesto del 100% fuera de la UE ya ha afectado la confianza de los compradores, lo que podría tener repercusiones duraderas para la economía de la región.