Foto de archivo (Crédito de la imagen: AP)

Presidente de Corea del Sur acusado Yoon Suk Yeol ha entrado en un tenso enfrentamiento con las autoridades mientras se resiste al arresto por su controvertido decreto de ley marcial emitido el 3 de diciembre. El decreto, que duró apenas unas horas antes de ser revocado en medio de protestas generalizadas, llevó a su destitución por parte de la Asamblea Nacional el 14 de diciembre.
En una declaración desafiante a sus seguidores reunidos frente a su residencia en Seúl, Yoon prometió “luchar hasta el final” contra lo que llamó “fuerzas antiestatales” que amenazan la soberanía de la nación. Yoon alegó que las amenazas internas y externas estaban poniendo a Corea del Sur en peligro, reiterando sus afirmaciones de que la oposición estaba alineada con enemigos comunistas.
Cientos de partidarios de Yoon se han concentrado cerca de su residencia, ondeando banderas surcoreanas y estadounidenses, en un esfuerzo por protegerlo de las autoridades. La policía ha mantenido una fuerte presencia, pero los enfrentamientos siguen siendo una posibilidad mientras las autoridades evalúan sus próximos pasos.
Orden de arresto y desafíos legales
El Oficina de Investigación de la Corrupción El Departamento de Funcionarios de Alto Rango (CIO), encargado de ejecutar la orden de arresto emitida por un tribunal de Seúl el martes, tiene hasta el 6 de enero para detener a Yoon. Los fiscales y la policía han enfrentado resistencia por parte del equipo de seguridad de Yoon, quienes citan leyes que requieren consentimiento para acceder a lugares que involucran secretos militares.
El equipo legal de Yoon solicitó una orden judicial para invalidar la orden, alegando que es ilegal y que el CIO carece de autoridad para investigar los cargos de rebelión. A pesar de la orden, los expertos especulan que las autoridades podrían evitar la confrontación y emitir otra citación si no actúan antes de la fecha límite.
El decreto del 3 de diciembre marcó una dramática escalada en el panorama político de Corea del Sur. Las tropas se movilizaron brevemente bajo las órdenes de Yoon para reprimir a supuestos «elementos antiestatales». La medida fue rápidamente revertida en medio de protestas nacionales, pero las repercusiones han sido profundas. Yoon enfrenta cargos de rebelión, que podrían resultar en cadena perpetua o pena de muerte si es declarado culpable.
Agitación política
El juicio político a Yoon ha sumido a Corea del Sur en un caos, y el Tribunal Constitucional está deliberando si confirma la decisión y lo destituye formalmente de su cargo. Mientras tanto, Primer Ministro Han Duck-sooquien asumió funciones presidenciales interinas después de la suspensión de Yoon, también fue acusado la semana pasada por no cubrir las vacantes en el Tribunal Constitucional.
El ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, el nuevo líder interino, ha nombrado desde entonces a dos jueces, lo que podría influir en la decisión del tribunal sobre el juicio político a Yoon. Sin embargo, esta medida ha generado críticas por parte de los partidarios de Yoon, quienes acusan a Choi de extralimitarse en su autoridad.



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