China se dispone a ampliar su red de 200 centros de detención, conocidos comocentros liuzhicomo presidente Xi Jinping intensifica su campaña anticorrupción, informó CNN. La medida se produce en medio de los crecientes esfuerzos de China para erradicar la corrupción, que ya se han dirigido a decenas de miles de funcionarios en todo el país.
Según los medios estatales, solo en 2023, más de 26.000 funcionarios fueron investigados o castigados por actividades relacionadas con la corrupción. Según un informe de Safeguard Defenders, una ONG que supervisa los derechos humanos en China, estas instalaciones se utilizan para interrogar y detener a personas acusadas de corrupción y otras faltas de conducta.
“La mayoría de ellos sucumbirían a la presión y la agonía. Los que resistieron hasta el final eran una pequeña minoría”, dijo a CNN un abogado que defendió a un funcionario del gobierno en un caso de corrupción.
¿Qué son los centros de detención de Liuzhi?
Los centros liuzhi son una herramienta fundamental en el arsenal de Xi, operados por la Comisión Nacional de Supervisión (NSC), una poderosa agencia anticorrupción establecida en 2018. A diferencia de los centros de detención tradicionales, estos centros están fuera del ámbito del sistema judicial, lo que permite al NSC detener a sospechosos durante meses sin cargos formales ni acceso a representación legal.
El informe afirma que los detenidos se enfrentan a presiones físicas y psicológicas, y a menudo se les obliga a confesar sus delitos. “Estos centros de detención funcionan en una zona legal gris, eludiendo los procedimientos estándar que protegen los derechos humanos básicos”, informó el grupo.
A pesar de estas críticas, las autoridades chinas sostienen que los centros liuzhi son vitales para combatir la corrupción, que consideran una amenaza importante a la legitimidad del Partido Comunista.
La campaña anticorrupción de Xi
La campaña anticorrupción de Xi Jinping comenzó en 2012, cuando asumió el liderazgo del Partido Comunista. A lo largo de los años, se ha dirigido a funcionarios de todos los niveles, desde burócratas de bajo rango hasta figuras de alto perfil, ganándose tanto elogios por abordar la corrupción sistémica como críticas por ser una herramienta política para consolidar el poder.
Los críticos, sin embargo, argumentan que la campaña anticorrupción se aplica de forma selectiva, apuntando desproporcionadamente a los rivales políticos de Xi y dejando intactos a sus aliados. Safeguard Defenders y otros grupos de derechos han pedido una mayor transparencia y rendición de cuentas en la forma en que se llevan a cabo estas investigaciones.
La represión de Xi también envía un fuerte mensaje a las empresas extranjeras que operan en China. En los últimos años, varios ejecutivos extranjeros han estado implicados en investigaciones de corrupción, lo que ha generado preocupación sobre el clima empresarial.
Si bien el gobierno chino presenta la represión como un paso necesario para limpiar el sistema, sus métodos han generado una condena generalizada.
